OPINIÓN | ¿Tienen los Gobernadores algo que decir sobre la Gestión Integral del Agua en Venezuela? por Carlos Romero Mendoza

En el año 2009 el “Pacto de Estambul sobre el Agua” reconoció a las autoridades locales y regionales como actores políticos en la implementación de un enfoque integrado y participativo para la gestión sostenible del agua y saneamiento, y en la promoción de acciones en la ciudad o región respectiva, orientadas a buscar el diálogo con todas las partes para establecer una visión común sobre las prioridades locales y planes de acción en el sector del agua.

Así mismo, a través de aquél pacto, autoridades locales y regionales del mundo se comprometieron a implementar planes de acción para mejorar los servicios del agua y saneamiento, incrementando la capacidad de adaptación local y regional frente a los desafíos mundiales.

En ese sentido, el año 2016 en Sincelejo, Sucre (Colombia) se realizó el I Congreso de Seguridad Hídrica de la Región del Caribe, en el cual los Gobernadores de la Región, acordaron y suscribieron lo que se llamó el Pacto por el Agua.

Ese pacto, firmado un 18 de mayo de 2016, se fundamentó en el reconocimiento expreso que hace la Corte Constitucional de Colombia, en el año 2011, al agua como un derecho fundamental, como servicio público y como elemento indisoluble para la existencia del ser humano.

La carencia y la mala calidad del agua –que impacta significativamente la agricultura, acentúa la inseguridad alimentaria, propicia delicados problemas de salud, engrosa los índices de pobreza y provoca en casos extremos desplazamientos que desembocan en conflictos que involucran poblaciones más vulnerables– fueron las razones que motivaron a los gobernadores a suscribir el denominado “Pacto por el Agua”.

El pacto, además, permitió a los gobernadores reconocer en el Consejo de Seguridad Hídrica Regional, un espacio formal e institucional para la discusión permanente de interacción entre niveles nacionales y regionales, a los fines de diseñar proyectos, programas y políticas públicas que atiendan el problema de la oferta, demanda y sostenibilidad de los recursos hídricos de la región.

Recientemente en España, la ministra de Agricultura y Pesca, anunció el inicio de conversaciones entre distintos actores a los fines de lograr concretar un Pacto Nacional de Agua, a través del cual se presenten acuerdos sobre los principales desafíos que presenta la gestión del líquido en España.

Según nota informativa, los puntos más relevantes del futuro pacto nacional son la atención al déficit hídrico, el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos y la activación de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación.

En ese marco, la Región de Murcia anuncia el 27 de julio 2017, que inicia una serie de acciones a los fines de construir un Pacto Regional del Agua en el cual se logre construir los consensos sobre los desafíos del agua en la Región, y así  contribuir de manera mucho más efectiva con el Pacto Nacional del Agua.

¿En Venezuela es posible plantearse que las autoridades nacionales, estadales y municipales puedan asumir la responsabilidad de construir políticamente un Pacto sobre el Agua?  Si hubiera voluntad política, pero además, reconocimiento a los gobernadores y alcaldes como actores institucionales políticos en el desarrollo integral de la Nación, claramente el ordenamiento jurídico existente hace viable la posibilidad de una iniciativa como las presentadas en este artículo.

En tal sentido, los gobernadores a ser elegidos el próximo 15 de octubre, pudieran asumir el reto de convocar a los alcaldes de su entidad federal y construir juntos una iniciativa política concreta que además permite incluir a la sociedad civil organizada de esa entidad local en el tema de la gestión integral del agua.

Recordemos que en enero y diciembre 2016 la Asamblea Nacional abordó el debate sobre la crisis del agua, logrando aprobar un Acuerdo sobre la materia al inicio del año, y luego a mitad del 2016 debatió un informe sobre la realidad de la crisis del agua específicamente en relación a la situación de los embalses.

Oportuno es señalar que por parte del Gobierno Nacional se impulsó  un Consejo de Estado para el Agua en el 2014 y luego un Consejo Nacional Presidencial para el Agua en el 2015, pero sin que se hubieran planteado soluciones de fondo a la crisis del agua en Venezuela. En tal sentido, el racionamiento severo e irregular se mantiene vigente.

Los gobernadores y alcaldes son reconocidos en la Ley de Agua como actores e integrantes del Consejo Hidrológico Regional, creado legalmente como un espacio formal e institucional de consulta, concertación y toma de decisión; en el marco de un espacio que se define como plural, deliberante, analítico y promotor de una mejor gestión del agua.

El país fue dividido en 16 regiones y en cada una de ellas debería haber un Consejo Hidrológico Regional, que claramente se diseñó –como la misma Ley de Agua lo señala– como un espacio para la coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos estadales y municipales.

La Ley de Aguas reconoce el acceso al agua como un derecho humano fundamental y como un elemento insustituible para la vida, el bienestar humano, el desarrollo social y económico, constituyendo un recurso fundamental para la erradicación de la pobreza y debe ser manejada respetando la unidad del ciclo hidrológico.

Además, reconoce el legislador venezolano al agua como un bien social, cuyo uso y aprovechamiento debe ser eficiente, equitativo, óptimo y sostenible, bajo una gestión integral que además debe efectuarse en forma participativa. La descentralización y la desconcentración, así como la corresponsabilidad interinstitucional son algunos de los principios rectores de la gestión integral del agua reconocidos expresamente en el ordenamiento jurídico vigente.

Un pacto por el agua en Venezuela puede ser una iniciativa de los próximos gobernadores electos. Independientemente de los obstáculos que el régimen les pondrá en el camino –intentando anularlos e ignorando la voluntad popular– esta podría ser una iniciativa política que puede facilitar un elemento de cohesión que vincule a autoridades municipales y sociedad civil organizadas en la búsqueda de soluciones al problema del agua, que claramente tienen incidencias en la salud pública y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Un pacto por el agua, impulsado por los nuevos gobernadores, tendría que retomar el llamado al Gobierno Nacional que se hizo en el “Pacto por el Agua de Estambúl” en el 2009, a reconocer a gobernadores y alcaldes como actores en la implementación de un enfoque integrado y participativo para la gestión sostenible del agua y saneamiento, y en la promoción de acciones en la ciudad o región respectiva.

Estamos conscientes de los obstáculos que el régimen promoverá para anular a los gobernadores, y con ello desconocer, nuevamente, la voluntad del pueblo soberana, pero una iniciativa como un pacto político puede servir como herramienta de reivindicación del modelo federal descentralizado de Estado que representan legítimamente y encontrarse con la Asamblea Nacional para que, de manera conjunta, asumiendo la representación legítima que ostentan, incluyan a los ciudadanos en el reclamo constante, permanente y responsable por una óptima y sostenible gestión integral de agua en Venezuela, en el marco del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

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