#Opinión Benigno Alarcón Deza: ¿Es posible para la oposición lograr un cambio de gobierno? (II)

Si se trata de construir una transición a la democracia por los mecanismos establecidos en la Constitución, como la oposición ha afirmado en muchas oportunidades, y sobre lo cual pareciera existir hoy consenso a nivel de todo el liderazgo político, existen cinco variables en la literatura sobre democratización que Ángel Álvarez, Manuel Hidalgo Trenado y yo identificamos para un reciente artículo que escribimos juntos, y que podrían ayudarnos a responder a esta pregunta sobre la viabilidad de una transición decidida a través de elecciones en Venezuela: 1) Balance entre el costo de opresión y de tolerancia; 2) El nivel efectivo de integridad electoral; 3) El balance de poder entre el partido de gobierno y la oposición; 4) Las condiciones estructurales y específicamente, en este caso, la situación del petro-estado; y 5) La capacidad de influencia de actores internacionales clave respecto a la democratización.

 Costo de opresión y costo de tolerancia

La democratización, como señaló Robert Dahl, y como hemos reseñado en varios artículos anteriores de esta columna, es una función del incremento del costo de opresión y la reducción del costo de tolerancia[1]. Opresión es no sólo la represión o amenaza de represión violenta (por medios policiales, militares o paramilitares) de los ciudadanos que se oponen al régimen, sino también otras acciones tales como apertura de procesos judiciales contra disidentes, la imposición de medidas fiscales especiales y multas contra medios de comunicación, empresas o personas percibidas como enemigas del gobierno, el cierre o suspensión de la licencias de medios de comunicación, las inhabilitaciones administrativas para el ejercicio de derechos políticos, y las amenazas sobre la no existencia del secreto del voto y otras formas de intimidación sobre los electores para obligarles a votar por el partido de gobierno. La tolerancia es la disposición a permitir la contestación política y, eventualmente, la transferencia del poder de la élite dominante a la oposición. Ambas tienen tanto costos como beneficios para el gobierno. En la medida que la opresión se vuelve inoperante o sus costos exceden a los de la tolerancia, mayores serán las posibilidades de que el régimen autoritario-competitivo garantice mayores niveles de integridad electoral y de que se materialice una transición democrática por la vía electoral.

El crecimiento de la cuota de poder en manos de la oposición venezolana incrementa parcialmente los costos de opresión, pues se hace más difícil reprimir a la nueva mayoría de lo que era antes oprimir a la minoría opositora. Considerando que para un sector de las élites dirigentes es aún muy costoso tolerar una transición política y el costo de opresión es cero en la medida que no se tenga necesidad de reprimir, se hará necesaria una mayor presión popular a favor del cambio político para incrementar las posibilidades de una transición democrática.

La integridad electoral

Los gobiernos autoritarios-competitivos, como el de Venezuela, manipulan las elecciones para reducir los niveles de competitividad electoral y la incertidumbre de perder el poder[2]. Mientras mayores sean los costos para la élite gobernante de perder el poder mayor será el deterioro de las condiciones electorales que se permitirá para  reducir la incertidumbre sobre los resultados, aun a costa de la credibilidad de las instituciones electorales y la confianza en los resultados, como ha sido el caso de la pérdida de confianza en el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo al Perceptions of Electoral Integrity expert survey, la integridad electoral pasó de moderada en las elecciones presidenciales de 2012 a baja en los comicios presidenciales de 2013[3], lo que se explica por la pérdida progresiva de las dos principales ventajas competitivas del partido de gobierno tras la desaparición de su líder carismático, Hugo Chávez Frías, y  la caída de ingresos provenientes de la renta petrolera.

A pesar del empeoramiento de la integridad del proceso electoral, los comicios han ganado en competitividad, por la pérdida de las ventajas competitivas del partido de gobierno, líder e ingresos suficientes para mantener sus redes clientelares. Esta situación aumenta la presión sobre el gobierno ante la evidencia de haber perdido la última elección legislativa, lo que hace predecible un mayor deterioro de las condiciones electorales en futuros procesos, a menos que la oposición sea capaz de tomar ventaja de su actual mayoría en la Asamblea Nacional para lograr reformas legales e institucionales que garanticen mayores niveles de integridad electoral.

El cambio en el balance de poder entre el partido de gobierno y la oposición

La pasada elección legislativa sirvió para materializar institucionalmente el cambio en el balance de poder entre el partido de gobierno, que había dominado hegemónicamente la  política nacional desde 1998, y los partidos de oposición que pasaron a ser, por primera vez desde entonces, la mayoría política del país. Este cambio en la mayoría se materializa en estas elecciones en la consecución por parte de la MUD de 47 escaños más que en 2010, mientras que la coalición gubernamental pasó de 100 a 55 escaños.  La MUD incrementa su votación de 5.3 millones en 2010 a 7.7 en 2015. La votación del oficialismo pasa de 5.4 millones en 2010 a 5.6 millones en 2015. La votación de las dos coaliciones contrasta con las de las más recientes elecciones presidenciales en las que Maduro obtuvo 7.6 millones de votos y Henrique Capriles 7.4 millones. El gobierno pierde entre 2013 y 2015 cerca de dos millones de votos, pero la oposición no gana la mayor parte de ellos, lo que sugiere que un grupo importante de chavistas que votó por Maduro, se abstuvo de votar en las legislativas de 2015.

Como resultado, la oposición obtiene un crecimiento sustancial en votos y en escaños, con una distribución geográfica que sugiere un alto nivel de nacionalización del voto opositor y con un crecimiento importante en circuitos poblados principalmente por votantes de bajos ingresos.

Esta victoria opositora constituye la mayor oportunidad que la oposición ha tenido hasta el presente para materializar un cambio político, pero ello solo será posible en la medida en que sea capaz de elevar los costos de la opresión política que el gobierno está tratando de ejercer para mantener el control del poder ante la posibilidad de que la MUD intente utilizar mecanismos constitucionales para remover al presidente, como respuesta a la presión popular que irá en ascenso en la medida que la situación se deteriore y el gobierno se niegue o no logre implementar las reformas económicas necesarias.

La crisis del petro-estado y su potencial democratizador  

Si bien es cierto que Maduro heredó una complicada situación financiera de Chávez, su  gobierno ha contribuido a empeorarla significativamente por la implementación de políticas erradas, tales como el mantenimiento de un régimen cambiario con varias tasas oficiales, el aumento de la oferta monetaria para financiar el déficit público, el aumentó de deuda con la búsqueda de nuevos créditos en el exterior y la liquidación de activos para pagar deuda.

Como consecuencia de ello, el PIB cae un 4% en 2014 y, según previsiones, quizás algo conservadoras, la recesión se agravará en 2016 con una caída de al menos un 6%. La inflación es actualmente la más alta del mundo y el Fondo Monetario Internacional afirma que podría alcanzar 720% para el presente año, lo que se agrava por una situación de estanflación alimentada por la continua devaluación del bolívar y una significativa reducción de las importaciones por falta de divisas, mientras que el déficit público alcanzó un 20% del PIB en 2015 y se agravará durante el presente año.

La fuerte contracción de la economía en los dos últimos años ha repercutido en un aumento dramático de la pobreza por ingresos en 2015: 73% de los hogares y 76% de los venezolanos[4]. Por consiguiente, como en otras etapas, los logros en este ámbito van muy ligados a la bonanza petrolera que permite incrementar, temporalmente, los ingresos de algunos grupos sociales.

Durante la etapa chavista, e incluso durante los años de la democracia con un barril de petróleo por debajo de los ocho dólares, ninguna coyuntura socioeconómica ha sido tan adversa como la actual. Los resultados electorales, así como los escenarios que se desarrollan en la actualidad se explican, en buena medida, por la gravedad de la crisis, que se asocia a una evaluación muy negativa de la gestión del gobierno de Maduro. La severa escasez de productos básicos de consumo, especialmente alimentos y medicamentos, el deterioro de los servicios y los altos niveles de inflación han creado oportunidades no solo para el triunfo electoral de la oposición, sino también para un cambio del modelo político y económico, causa real y principal del pésimo rendimiento de la economía venezolana.

Factores internacionales

Durante los últimos años, y de manera progresiva, la comunidad internacional ha ido centrando su atención en Venezuela y se ha vuelto más crítica con las prácticas no democráticas y excesos de su gobierno. La balanza internacional se ha ido inclinando progresivamente en favor de las demandas de los grupos democráticos en Venezuela, tomando un rol más activo en la cooperación con actores de oposición para presionar al gobierno en diferentes temas que van desde las condiciones de competición electoral hasta la liberación de los presos políticos.

Las sanciones internacionales en contra de quienes violan derechos humanos, aumentando los costos de los responsables de la represión, la presión internacional sobre actores gubernamentales, el condicionamiento de las relaciones económicas y políticas con otros países, así como la socialización de las demandas democráticas por parte de actores importantes, tanto regionales como extrarregionales, podría contribuir de manera importante a inclinar la balanza en favor de la democratización del régimen[5]. Aunque el país sigue contando con algunos apoyos dentro y fuera de la región, su prestigio y proyección no es la misma de hace unos años, y en algunos países de América Latina están teniendo lugar cambios (por ejemplo, Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú) que parecieran debilitar la posición de Venezuela y aumentar la presión a favor de transición democrática.

¿Es posible para la oposición lograr un cambio de gobierno?

Los resultados de las elecciones del pasado 6 de diciembre representan un importante  avance para Venezuela en favor del posible inicio de un proceso de democratización, pero no pueden interpretarse de modo poco realista como una transición en sí misma. Tres de las cinco variables tratadas en este artículo, el balance de poder entre el partido de gobierno y la oposición, las condiciones estructurales de la su economía y la capacidad de influencia de actores internacionales clave, actúan hoy, por primera vez desde 1999, a favor de la transición democrática. Pero aun así el balance entre el costo de opresión y tolerancia, y el nivel efectivo de integridad electoral continúan luciendo como posibles obstáculos al cambio.

El triunfo de la oposición incrementa los costos de opresión pero los costes de tolerancia de una transición democrática son todavía muy altos para los sectores más poderosos, que son también los más radicales de las élite  gobernante. La decisión entre opresión o tolerancia dependerá finalmente de los cálculos que haga la élite gobernante y, en particular, el cálculo que haga  la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en cuyas manos está principalmente la represión para mantener en el poder a un gobierno sin apoyo mayoritario.

En este escenario de choque político y bloqueo entre poderes podría ocurrir, tal como en 1999, que la solución estuviese en manos de los votantes. Igual que Chávez convocó un referéndum consultivo, en su caso no previsto en la Constitución de 1961, para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que diese soporte a una transición del viejo modelo de Punto Fijo a un nuevo modelo sociopolítico, la MUD podría echar mano de varios de los mecanismos establecidos en la Constitución de 1999, ya señalados, para tratar de imponer al gobierno una salida electoral a la crisis política. Pero tampoco es descartable que el árbitro final termine siendo la FANB, que a fin de cuentas es una de las piezas clave de la estructura de poder del régimen político, y de cuya posición dependerá el cálculo que los actores políticos harán entre tolerar y negociar las condiciones de una transición o tratar de mantenerse el poder por otros medios.

[1] Robert Dahl, Polyarchy. Participation and Opposition (New Haven and London: Yale University Press, 1971): pp. 14-16; Staffan I. Lindberg, ed., Democratization by Elections: A New Mode of Transition (Baltimore: John Hopkins University Press, 2009).

[2] Andreas Schedler, Electoral Authoritarianism (Boulder, Co.: Lynne Rienner Publishers, 2006).

[3] Pippa Norris, Richard W. Frank, and Ferran Martinez i Coma, “The Year in Elections 2013: The World’s Flawed and Failed Contests,” The Electoral Integrity Project, 2014,https://dash.harvard.edu/handle/1/11744445. Regarding the cycle of elections between 2012 and 2013, see also The Carter Center, “Study Mission of the Carter Center 2013 Presidential Elections in Venezuela,” released 24 may 2014.

[4] Encuesta sobre condiciones de vida. Venezuela 2014. Pobreza y Misiones Sociales available at     http://www.rectorado.usb.ve/vida/sites/default/files/pobreza.pdf yhttp://elucabista.com/2015/11/21/encovi-revela-que-pobreza-en-hogares-aumento-hasta-73/

[5] Leonardo Morlino and Amichai Magen, “Methods of influence, layers of impact, cycles of change: A framework for analysis,” in Amichai Magen and Leonardo Morlino, eds., International Actors, Democratization and the Rule of Law (New York and London: Routledge, 2009), 31-37.

Este articulo fue publicado en politikaucab.net/

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